Razones para exigir la derogación del delito de ataques a la paz pública.

Los sucesos del 1 de diciembre nos hicieron preguntarnos como capitalinos si teníamos la suficiente cobertura legal para que las autoridades respondieran ante disturbios generalizados que afecten la convivencia y el patrimonio, tanto común como particular.

¿La ciudad, la convivencia y el patrimonio están protegidos ante disturbios?

De una revisión del Código Penal para el DF extraje los delitos que eventualmente sancionarían algunas conductas posiblemente cometidas durante disturbios:

Art. 123 Homicidio, art. 129 Homicidio en riña, art. 130 Lesiones, art. 133 Lesiones en Riña art. 157 Omisión de auxilio,  art. 160 Privación de la libertad,  art. 17 Abuso sexual, art. 206 discriminación (incitar al odio y a la violencia), art. 206 bis Tortura, art. 209 amenazas

Art. 210 Allanamiento de morada, art. 211 Allanamiento de oficina o establecimiento mercantil, art. 220 Robo, art. 223 fracción XVI Robo en situación de desorden público, art. 225 Robo con agravante cometido con instrumentos peligrosos, art. 237 Despojo, art. 238 Despojo cometido en grupos mayores de 5 personas.

Art.  239 Daño en propiedad, art. 241 Daño en propiedad agravado a monumentos de valor cultural, art. 251 Portación de objetos aptos para agredir, art. 252 Delitos cometidos en pandilla agravante, art. 282 Resistencia de particulares, art. 287 Ultrajes a la autoridad art. 288 Ejercicio ilegal del propio derecho.

Art. 330 Ataque a las vías de comunicación y a los medios de transporte, art.  332 Seguridad del tránsito de vehículos fracción I  alteración de señales viales, fracción II derrame sustancias deslizantes o inflamables, art.  361 Rebelión, art. 363 Sabotaje, art. 364 Motín, art. 365 Sedición.

32 artículos del Código Penal parecen más que suficientes para castigar situaciones específicas y concretas durante eventuales disturbios. En esta ciudad además del Código Penal, contamos con la Ley de Cultura Cívica para el Distrito Federal que contempla alrededor de 20 conductas que, de realizarse, acarrearían a los responsables arresto y multa, entre ellas, vejar verbalmente a una persona, propinar golpes, producir ruidos que alteren la tranquilidad, impedir el uso de bienes públicos, portar objetos peligrosos o inflamables, entre otras.

Por si no fuera poco, el DF es la única entidad que cuenta con una Ley que regula el uso de la fuerza de los cuerpos de Seguridad Publica del Distrito Federal y un reglamento, que regulan con precisión que debe hacer la policía en situaciones como las del 1 de diciembre y que por cierto no aplicaron.

¿Por qué deben los diputados derogar artículo 362 de ataques a la paz pública?

Por alguna razón Marcelo Ebrard y después Miguel Mancera no consignaron o reclasificaron a las personas detenidas por alguno de los delitos específicos anteriormente mencionados. Usaron el 362 que decía antes de la reforma:

Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos,que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.

Este delito tenía mayor penalidad que la mayoría de los mencionados anteriormente, incluso por su pena, podría ser más grave que la mayoría de las hipótesis de homicidio. El problema central de este artículo no reside en eso solamente. Su peligro es la vaguedad.

Se entiende que quien use sustancias tóxicas, incendio, inundación o violencia extrema para perturbar la paz pública o menoscabar la autoridad del GDF comete este delito, pero la legislación no da una definición de violencia extrema, ni de paz pública, ni qué significa menoscabar la autoridad. La primera lección del derecho penal es el principio de taxatividad penal, que implica que los delitos describan conductas específicas y claras.

Al no existir definición legal de estos tres aspectos, queda en la PGJDF y después en un juez determinar qué significan. Pueden, como es el caso de Rita Neri, decir que es posible que cometiera este delito solo por estar cerca, ya que la juez vio un video y le parece a “ojo de buen cubero” que Rita sale ahí. Video que no fue objeto de estudio pericial.Rita no sale en el video, no avienta objetos y no agrede a nadie. En tanto demostramos lo contrario, Rita podría pasar meses en injusta prisión afectando su vida para siempre.

El problema no se soluciona con desgravar la pena y modificar el texto como se hizo hoy en la ALDF. No se soluciona porque la vaguedad, permanece y esa indeterminación la que hace que en cualquier momento alguna autoridad pueda aplicarla contra nosotros, contra cualquiera. Así queda el texto final aprobado hoy:

Se les impondrán de dos a siete años de prisión y suspensión de los derechos políticos hasta por diez años a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio o por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados, o servicios públicos, que perturben la paz pública.

La reincidencia se estará a lo que establezca este código.

La ambigüedad persiste porque no hay definición legal de paz pública. Los diputados no saben lo que aprobaron. Los 14 jóvenes detenidos podrían salir porque el delito  por el que fueron procesados ha sido cambiado. No existe más. Si la juez sostiene que es el mismo delito podrían salir bajo fianza. Pero hay que esperar a que Miguel Mancera lo publique en la gaceta oficial. Ayer advirtió revisaría la reforma así como en el segundo día de su gestión advirtió que revisaría los casos y nunca cumplió.

El artículo 362 se debe derogar, no tiene cupo en un Estado de Derecho, atenta contra los principios del derecho internacional de los derechos humanos y representa una involución histórica de 4 décadas. De izquierda, de derecha, liberales y socialistas, muchos simplemente demócratas, lucharon para que delitos ambiguos como la disolución social, fueran derogados.

De memoria corta los diputados del PAN, PRD, PT y MC se olvidan queManuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Adolfo Christlieb Ibarrola,Fernando Gómez Mont, José Revueltas, Filomeno Mata, Demetrio Vallejo, El Movimiento Estudiantil del 68, Gilberto Guevara Niebla,Carlos Monsiváis entre muchos otros lucharon por eliminar del derecho penal delitos que como ataques a la paz pública, se usaron con tintes políticos.

Estos días de diciembre me han hecho perder las pocas esperanzas en una clase política anquilosada dispuesta a cambiar votos por presupuesto. Dispuesta incluso a reducir la edad penal a 11 años, para usar el derecho penal como política pública para niños y jóvenes que no tienen opciones educativas y laborales.

Me queda aún la esperanza que la sociedad ha cambiado y que en algún momento del día pueda preguntarse:

¿Si la convivencia respetuosa está protegida por tantos artículos, para qué le doy a la autoridad una herramienta para detener a personas con fines políticos?

Jesús Robles Maloof

@roblesmaloof es Integrante de @PropuestaCivica y de la Liga de Abogados 1 de diciembre.

presos

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política sobre #1DMx

El miércoles 19 de diciembre de 2012 se aprobó en la Cámara de Diputados un acuerdo con el que se solicita, tanto al gobierno federal como al gobierno de la Ciudad de México, información acerca del proceso de investigación de los detenidos y se pide a la CNDH y a la CDHDF resguardar los derechos de los mismos. A continuación el documento original.

Donativos para gastos de defensa de la Liga. #1DMx

 

Cuenta para donativos de gastos de defensa:

HSBC No. 6380869738

Clabe: 021180063808697386

A nombre: Lizbeth Lugo Hernández

Favor de enviar datos de su depósito al correo: ligaabogados@yahoo.com.mx

Se sugieren donativos de 50 a 500 pesos. Estos donativos se usarán para copias, material para video, transporte y otros gastos corrientes de defensa. NO serán usados para honorarios.

Gracias por su apoyo.

Comunicado de los Presos Políticos del #1DMx

 

“Ante los abusos e injusticias por parte de las autoridades del 1 de diciembre, los presos políticos nos declaramos en ayuno de 24 horas, iniciando el domingo 16 de diciembre de 2012 a las 8 horas en unión con y agradecimiento a todos los manifestantes, organizaciones, familiares y comunidad internacional que nos apoya y que continúa reclamando por nuestras garantías individuales.

Exigimos la derogación del Art. 362º del Código Penal del Distrito Federal, que criminaliza el derecho a manifestarse, reunirse y transitar, y solicitamos nuestra liberación y desistimiento por parte del gobierno del Distrito Federal.

Nos mantenemos Unidos y Fuertes.

Hasta nuestra pronta liberación como presos políticos del 1DMx”.

 

ayuno

Primer comunicado de la Liga, al 3 de diciembre de 2012

la foto

COMUNICADO DE LA DEFENSA LEGAL DE LOS DETENIDOS EL 1o DE DICIEMBRE DE 2012

Los abogados abajo firmantes manifestamos al pueblo en general, a la comunidad internacional, a los medios de comunicación, lo siguiente:

Los acontecimientos ocurridos el 1º de diciembre de 2012 derivaron en 107 detenciones a cargo de la Secretaria de Seguridad Pública del Distrito Federal, y los detenidos fueron puestos a disposición en la Fiscalía Central de Investigación número 50.

Declaramos que, como consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos, así como de las irregularidades y arbitrariedades que se presentaron durante las detenciones y en la integración de la averiguación previa, hemos decidido conformar un frente denominado “Liga de Abogados 1º de diciembre”, cuya finalidad será la de asesorar, jurídica y legalmente, de manera solidaria y gratuita, a todo aquel inculpado y víctima de la represión que no cuente con los medios necesarios para allegarse a una adecuada defensa.

Las acciones realizadas hasta ahora por la “Liga de Abogados 1º de diciembre” han consistido en asistir jurídica y humanamente a todos los detenidos y sus familiares desde el inicio de las averiguaciones previas.

Hasta la madrugada del día de hoy, el delito que se les imputa es el de ATAQUES A LA PAZ PÚBLICA, correspondiente al articulo 362 del Código Penal vigente para el Distrito Federal, el cual a la letra dice:

“Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización desustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación.”

Este delito es equiparable en otros Estados al terrorismo.

Por la gravedad jurídica y política del asunto, se hace una llamado a las organizaciones civiles, políticas y de derechos humanos, así como al pueblo en general a sumar esfuerzos para lograr la pronta y absoluta libertad de los compañeros imputados.

¡Libertad a los presos políticos del 1° de Diciembre!

México, D.F., a 3 de diciembre de 2012

Juan de Dios Hernández Monje, Silvia Sánchez Labastida, Alonso R. Cortes Zaraguza, Raúl Colín González, Daniel Mejía Ruiz, Guadalupe Itzi Guari Hurtado Bañuelos, Rubén Díaz Díaz, Felipe Mario Hernández Aristes, Casandra Martínez Castañeda, Irma Lara López, Jenny Godínez Alamillo, Rosalba Hernández Salazar, Andrés Aullet, José Narciso Sánchez Reyero Esperanza Alvarado Pérez, Jesús Jiménez Almeida, Aarón de la Rosa Zubran, Oscar Rubén Hernández Baliño Marco Antonio Lopez, Oscar Antonio Reyes Mancera, Luis Antonio Azueta B., Carlos Daniel Hernández Campos, Julián Guzmán Paulino, Jorge Miranda,Miguel Alejandro Mendez Villagomez, Pedro Raul Suarez, Sergio Soto Najera, Federico Anaya Gallardo.